El Gobierno de Misiones ha anunciado la presentación de una demanda judicial ante la Justicia Federal contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI, debido a presuntas irregularidades en las auditorías realizadas que resultaron en la suspensión de pensiones no contributivas por invalidez. Según la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, más de 100.000 personas se han visto afectadas directa o indirectamente por estas acciones .
Antúnez detalló que las auditorías presentaron múltiples anomalías, como notificaciones que nunca llegaron a los beneficiarios, evaluaciones realizadas por personas sin formación profesional y el uso de certificados médicos falsificados. Además, mencionó casos en los que se falsificaron firmas de médicos, lo que ha sido denunciado penalmente por el doctor Peñaloza .
La demanda busca la restitución de las pensiones suspendidas en Misiones y la nulidad de las auditorías realizadas, argumentando que no garantizan la transparencia del proceso. La provincia solicita que las auditorías se realicen nuevamente bajo criterios claros, con médicos idóneos, en lugares accesibles y con notificaciones que realmente lleguen a los domicilios .
El Gobierno de Misiones ha convocado a los afectados a sumarse al reclamo judicial, pidiendo que aquellos que hayan recibido comprobantes con firmas falsas presenten una exposición policial y acerquen esos documentos como pruebas para la demanda .