Además, se la acusó de mentir sobre su participación: en un video difundido, Makintach admitió que respaldó la idea y dialogó con los productores, aunque había negado su implicación públicamente.
Previo a la destitución, la jueza había presentado su renuncia en junio de 2025, en un intento de evitar el jury político, aunque finalmente no fue suficiente.
Por su parte, la Fiscalía sostuvo que su conducta constituye abuso de autoridad, manipulación y desuso de poder, ya que habría usado su posición para impulsar el proyecto audiovisual con fines “privados y económicos”.
Este desenlace marca un punto crítico en la investigación judicial sobre la muerte de Maradona: la credibilidad del tribunal se vio seriamente afectada y ahora se abre un nuevo capítulo para reformar los mecanismos de control sobre la relación entre la Justicia y los medios.