La jueza Correccional y de Menores Nº1 Marcela Leiva (hermana de la ministra del Superior Tribunal de Justicia Cristina Leiva), llevó a juicio oral a dos trabajadores de la educación por acampe de docentes, policías y trabajadores de la salud en 2024 que generó una de las peores crisis que enfrentó el Gobierno renovador en dos décadas de mandato.
Entre quienes presenciaron el debate llamó la atención el débil trabajo probatorio por parte de la Fiscalía, a cargo de la Dra. María Laura Álvarez.
Ninguno de los testimonios de sus testigos, en su mayoría policías, respaldó la interpretación de los hechos presentados por la Fiscal.
Principalmente, la acusación se basa en atribuir a Gurina y Sánchez un poder omnímodo de direccionamiento de las protestas de 2024
.
Además, la acusación desconoce la prevalencia del derecho a la protesta por sobre otros derechos individuales.
Desde la defensa anunciaron la decisión de llevar la apelación de la condena a todas las instancias judiciales nacionales e internacionales competentes.
La fiscal, señalada por su presunta falta de objetividad, pidió prisión para los docentes Gurina y Sánchez por un acampe y corte de calle utilizando el derecho penal para resolver un conflicto que fue esencialmente salarial y político y que marcaría un precedente contra los derechos de los trabajadores.
El fallo generó un inmediato repudio entre las organizaciones que acompañaron a ambos acusados, y en concordancia los sindicatos docentes no oficialistas de Misiones convocaron a un paro de 24 horas con asambleas zonales para este jueves 27/11.
Además, llaman a movilizar al Palacio de Justicia de Posadas el próximo lunes 1/12, cuando se darán a conocer los fundamentos del fallo.