La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la ONG Ohana, dedicada al rescate de animales, y derivó en el operativo autorizado por el juez Juan Manuel Monte. Según fuentes judiciales, no se trata de un caso de tráfico de especies —que correspondería a la Justicia Federal— sino de maltrato animal, competencia de la justicia ordinaria.
Durante el procedimiento, los investigadores hallaron animales hacinados, mezclados y sin las condiciones mínimas de cuidado, lo que aumenta el riesgo de enfermedades. El informe también detalla la presencia de víboras en tuppers, reptiles en estado crítico, aves y mamíferos sin permisos habilitantes o con documentación vencida, lo que agrava la situación.
El juez ordenó una medida de “no innovar”, que impide al dueño ingresar o retirar ejemplares del local, aunque la veterinaria no fue clausurada y continúa con su actividad comercial. Los animales permanecen en el lugar hasta que la Justicia y el Ministerio de Ecología definan su destino.
El empresario Nicolás Reich, señalado como propietario, fue formalmente notificado de la causa. En los próximos días, se determinará si los ejemplares serán trasladados, recuperados o permanecerán bajo custodia, mientras la investigación continúa con el análisis de pruebas y testimonios.