El Gobierno avanza en los detalles de la reforma laboral y confirmó que los cambios alcanzarán exclusivamente a la Ley de Contrato de Trabajo, dejando afuera a la Ley de Empleo Público. La decisión se conoció tras una reunión interna en la que se resolvió posponer el encuentro del denominado “Consejo de Mayo” para afinar los puntos centrales del proyecto antes de presentarlo oficialmente.
Según trascendió, la iniciativa se apoya en tres ejes principales. En primer lugar, apunta a reducir la litigiosidad laboral, un aspecto que el oficialismo considera clave para mejorar las condiciones de contratación. Además, se buscará disminuir los costos asociados a la registración de personal, con el objetivo de incentivar la formalización del empleo y reducir la informalidad. El tercer eje contempla una reforma en los convenios colectivos, promoviendo acuerdos más flexibles y adaptados a las necesidades productivas de cada región y actividad.
La propuesta generó un inmediato rechazo por parte de la CGT y distintas organizaciones gremiales del país. Los dirigentes sindicales advirtieron que la reforma podría desembocar en un escenario de flexibilización laboral, afectando derechos como el pago de horas extras, la estabilidad y las condiciones de negociación colectiva. Además, remarcaron que no acompañarán cambios vinculados a topes indemnizatorios, sistemas de banco de horas o esquemas salariales por productividad.
En un clima de creciente tensión, los sindicatos anticiparon que activarán todos los mecanismos a su alcance —políticos, judiciales y eventualmente medidas de fuerza— para frenar lo que consideran un retroceso en las conquistas laborales. Mientras tanto, el Gobierno espera presentar el proyecto en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, donde se abrirá un nuevo capítulo en el debate por el mercado laboral argentino.