La Iglesia manifestó su sorpresa y malestar ante la exigencia. El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, afirmó que en los 24 años de historia de la peregrinación nunca se había registrado un cobro similar. Además, cuestionó la falta de fundamento jurídico y aseguró que estudian posibles acciones legales. “Cobrar por transitar una ruta pública parece hasta anticonstitucional”, remarcó.
Si bien la caminata contó con acompañamiento de fuerzas de seguridad como Policía, Gendarmería y Prefectura, los organizadores sostienen que la peregrinación no interrumpió el tránsito y que se utilizó principalmente la banquina. También expresaron descontento por el estado general de la ruta, señalando falta de mantenimiento, cartelería tapada y tramos peligrosos.
Desde Vialidad Nacional argumentaron que el cobro se encuadra dentro de lo que establece la normativa vigente sobre la utilización de zonas de camino. Sin embargo, la medida generó fuerte rechazo en la comunidad católica, que considera injusto que una manifestación de fe y tradición de más de dos décadas sea gravada con un canon estatal.
La polémica dejó instalada la discusión sobre los alcances del uso de rutas nacionales para actividades religiosas y sobre el equilibrio entre seguridad vial y respeto a las prácticas culturales y espirituales de la población.