El amparo fue radicado en el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 23, a cargo de la jueza Marta Rey, y está patrocinado por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia. En la presentación se sostiene que el decreto es “inconstitucional, ilegal y arbitrario”, violando derechos laborales y humanos fundamentales. Los gremios argumentan que el Ejecutivo no tiene facultades para disolver un ente autárquico creado por ley, amparándose en el Artículo 76 de la Constitución que limita la delegación de facultades legislativas.